Diseño gráfico, Páginas Web

La pasada semana el parlamento del país, gracias a la mayoría parlamentaria que tiene el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), ha aprobado una enmienda que permite al Gobierno bloquear páginas web. Este bloqueo puede estar motivado por cuestiones de “seguridad nacional, restablecimiento de orden público y prevención de crímenes”.
El punto más conflictivo es que todo ello puede hacerse sin necesidad de una autorización judicial previa. No es la primera vez que el ejecutivo del país intenta hacerse con el control de la red. De hecho, el gobierno anterior ya había tomado medidas para aumentar su influencia sobre Internet.
No obstante, este poder para cerrar páginas web no es tan preocupante como la capacidad que podría adquirir el ejecutivo de vigilar qué usuarios visitan determinadas webs y de almacenar esos datos durante dos años. De este modo, el Gobierno no solo controlaría la publicación de contenidos en la web sino también el acceso a los contenidos.
Si esta ley saliera adelante, desde su entrada en vigor, el proveedor de internet tendría solo cuatro horas para hacer efectivo el bloqueo ordenado por la Autoridad de las Telecomunicaciones (TIB). Precisamente sería este el organismo encargado de vigilar los movimientos de los internautas turcos y de almacenar dicha información.
La ley anterior permitía a este organismo bloquear aquellas webs que vulneraban la privacidad de las personas sin autorización judicial. La nueva normativa va mucho más allá porque los motivos por los cuales puede cerrarse una web son muchos y muy subjetivos.
Aunque es cierto que la nueva ley permite cerrar páginas sin autorización legal, lo cierto es que en parte sí que debe de contar con la aprobación de un tribunal, ya que la TIB tiene 24 horas para justificar su decisión ante un tribunal y este tiene dos días para decidir si continúa con el bloqueo.
Los detractores de esta ley aseguran que está motivada por los escándalos, que fueron destapados en internet, sobre la implicación de ciertos miembros del Gobierno en casos de corrupción.
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